Por ADN Cuba el 23 Jan 2020 – 5:10am
El abogado y activista independiente Julio Ferrer Tamayo interpuso una DEMANDA en “proceso administrativo” contra el Ministro del Interior de la República de Cuba, el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo por violar los derechos ciudadanos establecidos en los artículos 52 y 53 de la Constitución cubana, que textualmente dice: “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley” y “todas las personas tienen derecho de solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades”.
Preguntado por ADN CUBA, Ferrer cuenta que el pasado 23 de octubre debía viajar a Colombia como observador de las elecciones regionales, pero en el aeropuerto un funcionario de Inmigración se lo impidió sin explicaciones (a pesar de tener todos sus documentos en regla). Al día siguiente, el activista solicitó a la oficina local de Migración que le informaran la causa legal de la prohibición. La oficina lo citó y le dijo que haría una investigación, pues en esa oficina no constaba tal veto. Luego, lo remitieron a la Dirección de Inmigración y Extranjería, donde un teniente coronel, de apellido Baró, consultó en la computadora con la base de datos y tampoco encontró ninguna prohibición.
La Dirección de Extranjería recibió el escrito el 5 de noviembre, prometió respuesta en una semana, pero 15 días después aún no había tal respuesta.
Ferrer decidió entonces reclamar directamente al Ministro, para obtener la respuesta de Migración, pero éste tampoco le respondió. El artículo 662 permite a los administrados dar por contestada sus peticiones de manera desfavorable y, por lo tanto, establecer demanda por la vía judicial ante el Tribunal provincial por haber incumplido con sus obligaciones y el mandato constitucional de dar respuesta a un ciudadano.
El activista ha seguido los cauces establecidos por la ley cubana para que el Tribunal declare con lugar la demanda y revoque la prohición prevista contra él.
En realidad -explica Ferrer- la Seguridad del Estado usa la prohibición de viaje como una forma de vendetta o ajuste de cuentas contra opositores y activistas independientes. Pero él insiste en poner al descubierto que Cuba, a diferencia de lo que asegura una y otra vez su presidente, no es “un Estado socialista de derecho”.
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