* Por Yoe Suárez
Hace unos meses denuncié, en un reportaje investigativo en cuya divulgación colaboró el Cuban Studies Institute, cómo decenas de represores y voceros de la tiranía castrista entraban a Estados Unidos a través de la turbulenta frontera sur. Cubanos que contribuyeron con el régimen socialista, directa o indirectamente, llegaban a las mismas ciudades que aquellos que habían reprimido.
Noticias como esas, desgraciadamente, siguen lloviendo. El caso más reciente que descubrí fue el de Anabel Campos de Castro, una de las testigos judiciales que sirvió en 2019 a la policía política para encarcelar al matrimonio de pastores evangélicos de Ramón Rigal y Adya Expósito. Hoy vive en los Estados Unidos.
La mujer estudió en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), y allí trabajó como parte de grupos de “cibercombatientes” que divulgaban la propaganda castrista en el entonces aún muy controlado espacio digital, y troleaban o desacreditaban las publicaciones de blogs y perfiles de voces independientes.
Una vez graduada laboró en el Palacio de Computación en Guantánamo donde, subrayó un opositor local que pidió anonimato, “hackeó varias cuentas de celulares y perfiles de opositores”.
El entrevistado añadió que Campos de Castro habría participado en registros en casas de disidentes, y actos de repudio que incluían lanzar asfalto a viviendas de los asediados. También ayudó, junto a su familia, a borrar carteles contra el sistema en paredes de entidades del Estado en su ciudad.
La guantanamera, explicó el opositor, mantiene una relación sentimental con un oficial de la policía política, padre de su único hijo, motivo por el que todas las fuentes para este texto acordaron hacer comentarios bajo la protección de sus identidades. Para salir de la isla, ambos acordaron que falsamente se casara con un cubano-americano, vía por la cual recibió la visa de fianceé.
“Supimos que se encuentra en Estados Unidos y es muy probable que no haya declarado que ella reprimió acá en Cuba a los opositores, y mucho menos que fue testigo del régimen para condenar al matrimonio de pastores Rigal-Expósito”, consideró la fuente, que pidió justicia.
En la memoria de la ciudad de Guantánamo quedó el encarcelamiento del matrimonio Rigal-Expósito en 2019, enjuiciados por defender el derecho preferente de los padres a elegir la educación que será dada a sus hijos, consagrado en el artículo 26 de la Carta Universal de Derechos Humanos.
La primera detención de los pastores, en mayo de 2017, ocurrió tras generar una pequeña revolución vecinal. Llevaban más de dos años al frente de nueve familias que no querían educar a sus hijos en el sistema de enseñanza que adoctrinaba a los menores en la lealtad al socialismo, y alababa todas las mañanas a un asesino con el lema “Pioneros por el Comunismo, ¡seremos como el Che!”.
Aquellas familias sacaron a sus niños de las escuelas estatales, únicas legales en la isla, e iniciaron el programa de clases en el hogar siguiendo la metodología del colegio privado guatemalteco Hebrón.
Por su liderazgo Rigal y Expósito, líderes de una pequeña iglesia evangélica independiente, fueron sentenciados a un año de prisión domiciliar. La estadounidense Asociación de Defensa Legal de Home School recogió más de 30 mil firmas en la web citizengo.org exigiendo la libertad de la pareja.
En 2018, poco después de concluir su sentencia, Rigal denunció que el Estado no los quería en el país, pero tampoco los dejaba salir. Lamentó que cuando ya tenían muchas cosas vendidas y boletos de avión comprados para viajar a Guyana, el régimen no les permitía viajar. Estaban en la lista negra de los “regulados”, y el castrismo pronto los sometería a un nuevo juicio, sumarísimo. Ahí entró Campos de Castro.
Uno de los participantes en el proceso judicial subrayó para este reporte que la mujer fue “un testigo principal de la Seguridad del Estado”, ofreciendo consideraciones sobre el comportamiento barrial del Rigal y Expósito que la Fiscalía utilizó para construir el veredicto final contra los líderes cristianos.
El 22 de abril de 2019 fueron condenados a dos años de privación de libertad él y uno y medio ella, bajo las acusaciones de “actos contra el normal desarrollo del niño”, pero también, en calidad de pastor de una iglesia independiente, “asociación ilícita y asociación para delinquir”.
Campos de Castro había sido criada en un ambiente militante en el socialismo, de acuerdo con declaraciones de un vecino.
Su tía, Nilia de Castro, una Mayor retirada de los Órganos de la Seguridad del Estado (OSE), fue expulsada junto a su esposo de Canadá a inicios de los 2000, donde trabajaban con la embajada castrista. Se les acusó de espionaje. “Ambos eran conocidos en Guantánamo como altos oficiales de los OSE”, subrayó la fuente.
Al menos 34 esbirros y voceros del régimen cubano han entrado recientemente aprovechando el río revuelto de la frontera sur, cuya crisis de seguridad y manejo se han agudizado con la administración de Joe Biden.
Campos de Castro pasaría a esa lista, que incluye a jefes policiales, delatores y autoridades judiciales, entre otros.
Varios formularios de migración, como el I-485, incluyen preguntas problemáticas para los esbirros que buscan regularizar su situación migratoria: “¿Ha sido usted miembro o ha estado asociado, de algún modo, con el Partido Comunista?” Otras interrogantes son si el solicitante ha perseguido, directa o indirectamente, a alguna persona por razón de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a algún grupo social en particular u opinión política, y si ha sido miembro, sirvió o ayudó o de otra manera participó alguna vez en grupos represivos.
Responder falsamente a alguna de ellas ubicaría a Campos de Castro ante un delito federal.
La pregunta es, ahora, si las autoridades estadounidenses tomarán en serio su propia ley, y empezarán a aplicarla por respeto propio y por respeto a las víctimas del totalitarismo.
*Yoe Suárez, autor de los libros de no ficción «La otra isla» (Finalista Michael Jacobs Fellowship 2016 y Latino International Book Award 2019), «El soplo del demonio. Violencia y pandillerismo en La Habana» (2018), «Charles en el mosaico” (Mención Casa de las Américas 2017) y “Leviatán. Policía política y terror Socialista en Cuba” (Premio Ilíada 2021). Sus libros han sido traducidos al italiano y al inglés. Fue corresponsal en La Habana de CBN News. Ha publicado en medios como The Hill, Newsweek, El Espectador, Univisión y El Español. Hizo periodismo narrativo y de investigación para medios cubanos independientes durante ocho años en la isla, hasta su exilio en agosto de 2022. Dirigió documentales como el largometraje «Cuba Crucis» (2022) y «Normadentro» (Premio Memoria Documental de la Muestra Joven ICAIC 2011). Ha aparecido como colaborador en Deutsche Welle y Mega TV y dirige la plataforma Boca de Lobo desde 2018.
