Yoe Suárez
Estados Unidos abrió sus brazos desde 1959 a los exiliados cubanos, pero la crisis actual en la frontera sur y el descontrol en procesos de migración legal como el reciente programa de parole humanitario imantan a servidores de la tiranía socialista y a violadores de los derechos humanos al mismo país donde sus víctimas hallaron refugio.
Oscar Casanella no lo creía. El represor que en Cuba lo expulsó de su trabajo como bioquímico por sus desacuerdos con la tiranía socialista, se encontraba en Miami. La capital del exilio, donde Oscar y su familia hallaron refugio en 2022, le devolvía la posibilidad de Erasmo Pablo Gómez caminando por las calles.
Casanella trabajó en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) hasta que su posición contraria al régimen le valió el acoso de las autoridades y la administración institucional, de la que formaba parte Gómez, también colaborador de los militares. “La policía política me secuestraba en el INOR para interrogarme, amenazarme y golpearme en calabozos”, contó Casanella en un receso de su trabajo en el almacén donde encontró empleo, en Miami.
En julio de 2016 se efectuó una audiencia sobre su expulsión ante el tribunal laboral del centro científico. Pero Gómez, junto a varios militares, bloqueó físicamente la entrada de los testigos y familiares de Casanella a la sala del INOR donde se celebró el proceso.
Gómez no solo agredió a compañeros de trabajo, sino también a pacientes. El realizador audiovisual Víctor Alfonso Cedeño, crítico del castrismo y paciente del INOR, también fue víctima del funcionario, a quien en octubre de 2020 le solicitó una carta que confirmara lo que ya le había informado verbalmente: que en Cuba no existían opciones terapéuticas para él. La misiva era determinante para que Alfonso Cedeño recibiera tratamiento oncológico en el exterior. Gómez se negó a redactar y firmar el documento.
En 2007, 2011 y 2015 “extravió” la historia clínica de otra paciente: la profesora Omara Ruiz Urquiola. “La historia clínica es requerida para activar la Resolución 232 del Ministerio de Salud Pública, que permite importar medicamentos, cuando no existen en Cuba, para el tratamiento contra el cáncer”, explicó Casanella.
Por sus servicios al castrismo, Gómez, nacido en 1954, “viajaba a Europa y a otros países con pasaporte oficial; en 2013 recibió un auto Geely por integrar el grupo que atendió al dictador Hugo Chávez”. En Cuba, tanto los viajes como los autos, con un salario promedio de 20 USD, son lujos que pocos pueden pagar.
A mediados de 2022 Casanella, su hijo pequeño y su esposa, embarazada, volaron a Nicaragua con el fin de buscar asilo político en territorio estadounidense. Pero en la escala en Colombia, la aerolínea les informó que la dictadura sandinista prohibía que aterrizaran en Managua. A partir de ahí, Casanella y su familia peregrinaron por un valle de sombras, de frontera en frontera, él, su niño y su esposa durmiendo en el piso de aeropuertos, hasta llegar al límite entre México y Estados Unidos. Allí se entregaron a las autoridades.
Ahora, meses después, se enteró por una amiga que su antiguo represor llegaría al mismo lugar que él. No está seguro de si Gómez lo haría con pasaporte oficial, por intercambio científico, o como beneficiario del programa de parole humanitario, gracias a alguno de los hijos que tiene en Florida.
“Mis sentimientos estaban mezclados”, confiesa Casanella. “Primero, asombro, por cómo este hombre tenía la desvergüenza de venir, después de tanta complicidad con el castrismo. Sentí indignación, por cómo un represor pudo llegar a Estados Unidos con una visa, mientras tantos activistas en Cuba, que han sufrido persecución y se enfrentan a la dictadura, nunca pudieron obtener una”.
Durante su último año en Cuba, Casanella pidió visas humanitarias para él y su familia. Pesaban sobre ellos serias amenazas de cárcel por parte del Estado socialista. Nunca tuvo respuesta.
En 2017, el científico cubano denunció por primera vez a Gómez. Llenó un formulario del proyecto “Represores Cubanos”, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), una suerte de índice de quienes participan en agresiones violentas o de cuello blanco contra las libertades de sus conciudadanos.
En 2023, pensó que si no había hecho silencio en Cuba, tampoco lo haría en tierras de libertad. Y escribió en sus redes sociales: “Este 12 de marzo de 2023 llegará a la ciudad de Miami, al país de acogida de miles de víctimas de la dictadura cubana, el vicedirector de Asistencia Médica del INOR, Erasmo Pablo Gómez”.
Días después participó en un programa del canal MegaTV, y ante las cámaras repitió la denuncia. Además, llenó un formulario para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que previene a esa institución de la entrada al país de violadores de derechos humanos. “Pero hasta ahora no he recibido un feedback sobre la petición”, lamenta.
Durante 2022, la crisis en la frontera sur ha causado que cada vez más esbirros y víctimas del castrismo se reencuentren en territorio estadounidense.
Conocí a Casanella en 2021, en el estreno clandestino en La Habana del filme Plantados, que narra el encuentro en Miami entre un exprisionero político cubano y un militar que fusilaba y torturaba en la cárcel. Mientras veía la película no pensaba que él mismo viviría, dos años después, algo similar al protagonista del filme. Pero esta vez, como ya antes se ha dicho, la realidad superaba a la ficción.
Cazando represores
En abril de 2021, el presidente Joe Biden llamó “crisis” al cruce masivo de migrantes por el río Bravo. Poco después, la Casa Blanca desestimó públicamente el uso del término, pero el aumento comparativo con otros años confirma que la palabra describe bien la realidad. En febrero de 2021, hubo en la frontera unos 100.000 migrantes, 24.000 más que en febrero de 2019 ―durante la última crisis migratoria―, y en marzo la cifra aumentó a más de 172.000, de acuerdo con un reporte de CNN.
El río revuelto de la frontera sur de Estados Unidos ha dejado ganancia para el castrismo. Cada cubano que huye de la represión y la miseria se convertirá en breve en un emisor de remesas a sus seres queridos en la Isla, y ese flujo de dólares dará un boca a boca a la parasitaria economía centralizada. Además, le saca presión a la caldera: se van los descontentos, los que se rebelan, después de una gran represión estatal.
Pero entre los 300.000 cubanos que en solo un año corrieron al otro lado de la frontera estadounidense y los miles más en balsas, también hay servidores del totalitarismo. No simples empleados, sino funcionarios de instituciones estatales o participantes en la maquinaria represivo-propagandística del régimen. Lobos entre ovejas.
El castrismo ha sido, desde 1959, punta de lanza de la retórica antiestadounidense en el hemisferio occidental, y responsable de alimentar guerrillas marxistas, grupos narcoterroristas, e inspirar y sostener franquicias del “Socialismo del siglo XXI”, como el sandinismo y el chavismo.
Por eso, el investigador Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), entiende el peligro de que agentes castristas formen parte del éxodo de 2022, que representó el 3 por ciento de la población cubana. Cartaya, reportero en la Isla hasta que en los años 90 del pasado siglo fue defenestrado públicamente en el Parque Central de La Habana, puso el foco en el asunto junto a un equipo que identificó a 20 esbirros llegados a Estados Unidos. Ahora, desde la FDHC es una suerte de Efraim Zuroff, el cazador de represores nacionalsocialistas. Cartaya caza represores socialistas.
Su labor se ha concentrado habitualmente en las denuncias de las víctimas, en conocer a los perseguidos del castrismo y sus luchas. Pero en 2017 Cartaya cambió el juego: quería poner rostro y nombre a los victimarios, “identificar, investigar y exponer” a represores violentos, como los policías, guardafronteras, etc., y a los de cuello blanco, como jueces y fiscales que sentencian a presos políticos.
En una rueda de prensa donde presentó 20 expedientes de esbirros cubanos en Estados Unidos, aludióa los “represores de bata blanca”, o sea, los coordinadores de las misiones médicas cubanas que “se ocupan de que los trabajadores tributen hasta el 80 por ciento de lo que ganan, que no puedan acompañarse de sus familiares o salir de los albergues a ciertas horas”. Él cree que las restricciones al personal médico en el exterior “coinciden con indicadores de trabajo forzado de la Organización Internacional del Trabajo”.
Adrián Rodríguez Santana y Yoel Vázquez Ortiz, por ejemplo, ocuparon altos cargos frente a la “misión médica cubana” en Venezuela. El doctor exiliado Alexander Jesús Figueredo denunció el accionar represivo de ambos contra profesionales de la salud. Presuntamente, ambos están en Estados Unidos. En diciembre, Rodríguez Santana “desertó” rumbo a la frontera sur estadounidense vía Centroamérica, ruta transitada por miles de cubanos, especialmente desde que en 2021 el dictador Daniel Ortega anunciara libre visado para los nacidos en la mayor de las Antillas.
La movida no es nueva. El castrismo siempre ha buscado aliviar la presión social generada por su mala gestión mediante la válvula de escape de la migración masiva. Así ocurrió en la Crisis de los Balseros tras la caída de la Unión Soviética. El éxodo actual es consecuencia de los levantamientos del 11 y 12 de julio de 2021 (popularmente conocido como 11J) contra el Estado socialista en más de 60 localidades de la Isla.
La ola represiva tras el 11J incluyó disparos, arresto de niños, tortura y condenas de hasta 25 años por filmar los sucesos, involucró a militantes y simpatizantes del castrismo, como el fiscal Yerandy Martín González, que encarceló a manifestantes de Guanajay y que también se encuentra en la lista de la FDHC.
El 11J, Raudel Moreno Bergolla y su esposa, Susel Álvarez Tasses, también colaboraron con la policía política en la represión violenta, específicamente en el poblado de San José de las Lajas, según la FDHC. En Cruces, un municipio de Cienfuegos, Yaíma Camba Rodríguez formó parte de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, turbas civiles que apoyan a las fuerzas militares para acallar a ciudadanos críticos. Yaíma Salomón Torres hizo lo mismo, pero en San Antonio de los Baños, la ciudad de Artemisa donde se prendió la llama de la rebelión. Todos viven hoy en Estados Unidos, y sus víctimas se pudren en cárceles cubanas.
El colaborador del régimen Irán Zeptiem Suárez participó en actos de repudio ―escraches verbales que involucran violencia― contra opositores en Colón, Matanzas, y también llegó a territorio estadounidense en 2022. Suárez, según refiere la FDHC, “abofeteó y golpeó durante un acto de repudio el 30 de abril de 2012” a Caridad María Burunate, miembro de las Damas de Blanco, movimiento femenino por la libertad de los presos políticos. Hoy publica tranquilamente fotos al lado de una piscina o una camioneta en Tampa, Florida.
Otro que disfruta publicar imágenes desde un país democrático es Bruce Iam González, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, que cruzó la frontera y se instaló en Louisville, Kentucky, en 2022. “Una nueva vida comienza”, tecleó en sus redes sociales. Su vida pasada parece querer enterrarla, al punto de eliminar tuits como este: “Que nadie se asuste, pero el corazón está a la izquierda y la sangre es roja, como dijo el Che Guevara en su discurso ante la ONU”. Ese mensaje lo escribió desde la Isla, cuando estudiaba Sociología en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. En septiembre de 2022, apoyaba el nuevo Código de las Familias promovido por el castrismo y actuaba en sus redes sociales como un trol al servicio del régimen.
Otro cibercombatiente llegado a Estados Unidos fue Raúl Omar Rodríguez, fundador de la página procastrista La Ciberclaria, que lidera asesinatos de reputación de activistas pro-derechos humanos. Desde su cargo en la oficial Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara amenazó a otros alumnos por sus posiciones políticas.
Orlando Nápoles Sánchez y Manuel Santos Rodríguez, dos “chivatos” (delatores) que monitoreaban a opositores, llegaron o estarían preparándose para llegar a Estados Unidos, según la FDHC. Celaida Gil Villarreal, que vigilaba y delataba en Villa Clara las actividades de la opositora Iris Tamara Pérez ahora vive, presuntamente, en Naples, Florida, después de entrar al país en marzo de 2022.
Militares también salen de Cuba. Daniel Alejandro Gutiérrez, exjefe de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Corralillo, perseguía a quienes trataban de huir de la Isla en bote por las playas de Villa Clara. En los ataques, mayormente nocturnos, usaba perros. Eso le ganó el mote de “El Perrero”. Irónicamente, Gutiérrez Cruz llegó a Estados Unidos en una lancha el pasado mes de enero.
Otro jefe de Sector, Reiner Dueñas Noda, golpeó a niños y adultos durante el 11J en Colón, Matanzas. En Estados Unidos, a donde huyó, obtuvo en septiembre de 2022 un permiso de trabajo, algo que se le dificulta a muchos que huyen del castrismo por la frontera sur.
El de San Nicolás de Bari, Yosbel Nieves Regalado, protagonizó el encarcelamiento de dos manifestantes pacíficos del 11J, cuyas familias ahora sufren por las sillas vacías en el hogar mientras el policía trabaja y anda por Miami. Por las mismas calles camina, María Antonia Guerrero, miembro del Ministerio del Interior (MININT) en Santiago de Cuba, que la FDHC cree que integró Brigadas de Respuesta Rápida.
Voceros y juristas del castrismo, o represores de cuello blanco según la FDHC, también cruzaron la frontera sur en 2022. Lyomaris Vara Fuentes, fiscal en Pinar del Río, procesó en 2017 a la economista María Caridad Gálvez por sus vínculos con el think tank independiente “Convivencia”, lo que resultó en el decomiso de su vivienda y tres años de cárcel. Vara Fuentes reside en San Antonio, Texas.
Siendo profesor de la Universidad de Oriente, Lester Amaury Martínez fue clave en la expulsión de otro colega del claustro bajo la acusación de “mercenarismo”, en 2016. Su esposa salió hacia Estados Unidos a mediados de 2022, y él después de ella.
Otra represora de cuello blanco en Miami es Maray Suárez, vocera de la Televisión Cubana que emprendía asesinatos de reputación contra disidentes como el músico Gorki Águila. Reinventada como “coach emocional” ofrece charlas en las que, convenientemente, “no se habla de política, ideologías, religiones”.
Represores ayer, agentes de influencia mañana
El matrimonio de Ivette Bermello y Edgerton Ivor Levy atravesó junto a su hijo las aguas infestadas de tiburones del estrecho de Florida en un bote. Llegó a la cayería sur en 1993, simulando buscar refugio político. En verdad integraban la Red Avispa, un grupo cubano de espías que vigiló instalaciones militares y contribuyó al asesinato de cuatro estadounidenses que guiaban balseros hacia tierra firme.
Sin embargo, en cuanto Levy llegó a Estados Unidos se entregó al FBI y operó como doble agente. Durante la caída de la Red Avispa, a finales de 1990, el matrimonio fue pieza clave en el juicio que condenó a cinco de los agentes a largas penas de cárcel, incluso a varias cadenas perpetuas. Barack Obama, en su segundo mandato, los liberó.
Años después, Levy aseguró, en una entrevista, que el FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses no evaluaban las capacidades castristas en su justa medida.
En 1987, Ana Belén Montes, una prometedora oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), visitó la base militar El Paraíso, en El Salvador. Semanas después, la guerrilla marxista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) atacó la instalación dejando 69 muertos, entre ellos el sargento estadounidense Greg Fronius. Montes había pasado información al régimen cubano, para el que espiaba, y La Habana la había enviado a sus aliados del FMLN.
En 2002, Montes fue condenada a un total de 30 años de privación de libertad. Fue liberada en 2023. Este mismo año, la administración Biden extendió invitaciones a altos militares castristas para recorrer puertos estadounidenses, algo “extraordinariamente imprudente”, según el congresista Mario Díaz-Balart.
Cuando otro miembro del Congreso, David Rouzer, cuestionó la visita cubana al puerto de Wilmington, el Departamento de Estado evitó hablar sobre las preocupaciones de seguridad y comunicó a los medios que la administración Biden había “pedido repetidamente al Gobierno cubano, en público y en privado”, que liberara “de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos”.
Para John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, la respuesta “no aborda las inquietudes sobre la seguridad, ni la historia del régimen involucrándose y patrocinando el terrorismo, o las recientes visitas de alto nivel a Cuba de funcionarios rusos, chinos e iraníes”. Suárez cuestiona: “¿Significa esto que si el régimen libera a los presos políticos tendrá más acceso a Estados Unidos y su seguridad portuaria?”.
Para el activista de derechos humanos, hijo de exiliados de la Revolución marxista Cubana, la aperturade Biden es “profundamente preocupante”. Brian Latell, exanalista de la CIA, experimentó algo similares décadas atrás. “Los cubanos fueron subestimados durante más de un cuarto de siglo”, escribió en sus memorias. Washington pensó que trataba con aficionados hasta que en 1987 el agente Florentino Aspillaga Lombard desertó y reveló la capacidad de espionaje castrista. El régimen cubanodesarrolló uno de los seis mejores servicios de inteligencia extranjeros, según Latell, con logros en el manejo de agentes dobles y contrainteligencia que “no han tenido paralelo”.
Suárez recuerda que los agentes al servicio del régimen cubano “han penetrado el Pentágono, la CIA, la USAID y el Departamento de Estado, han hecho que soldados mueran en el exterior, han dado forma a la política exterior de Washington, y han escrito evaluaciones de amenazas de países hostiles que subestiman los peligros que representan para la unión”.
El caso de Carlos Lazo, que llegó a Florida en 1991 en balsa y asumió el estatus de refugiado, es de los más icónicos entre los agentes de influencia. Desde 2020, lidera la iniciativa Puentes de Amor por el fin de las sanciones al régimen, algo que oxigenaría a la dictadura al permitirle acceder a créditos internacionales. Lazo, veterano del ejército estadounidense, es aplaudido por la izquierda en el poder de la Isla, que lo recibió en el Palacio de la Revolución, y también por la que se dice alejada del Estado.
Pero la pleitesía en la corte socialista no fue bien recibida por todos. En 2021, Edmundo García, un viejo vocero del castrismo en la radio miamense, reveló en una bizarra transmisión su enfado con Lazo, que fue recibido por “el presidente [Miguel Díaz-Canel] a cuerpo de rey”.
García dirigió su mensaje, además, a Raúl Castro, y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, a quienes también responsabilizó del “abandono” del régimen después de enviarlo a “una misión” a Estados Unidos. “Jamás he sido traidor, jamás he dejado de ser un revolucionario. Jamás hubiera venido aquí si no se me hubiera explicado muchas veces la necesidad”, reveló.
¿Estaría molesto por un recambio entre los agentes de influencia de La Habana?
La iniciativa de Lazo imanta a una variada fauna anti-embargo, como a Uberto Mario, residente en Miami y exmiembro de la policía política, quien compartió el mismo auto que el profesor en una protesta contra las sanciones estadounidenses en febrero de este año.
¿Podrían unirse a la movida esbirros, voceros y colaboradores castristas que entran por la frontera sur?
Con tales antecedentes históricos, John Suárez aconseja que “Washington no subestime la entrada actual de represores al país”. El fracaso en el control de la frontera sur es oportuno para que castristas ingresen a territorio estadounidense y luego muten a agentes de influencia.
El Instituto Cubano para la Libertad de Prensa (ICLEP) reportó entre 2021 y 2022 la llegada a Estados Unidos de al menos 12 comunicadores que servían como voceros en medios de la dictadura hasta poco antes de entrar por la frontera. Ninguno pidió perdón por los asesinatos de reputación contra defensores de los derechos humanos que llevaron a cabo en medios estatales ni por su participación en la propaganda del castrismo.
Uno de ellos fue el locutor Yunior Smith Rodríguez, “famoso por denigrar desde la Televisión Cubana a reporteros independientes y opositores al régimen”, confirmó Normando Hernández, quien preside el ICLEP.
También han arribado a Estados Unidos los militares Ernesto Alemán, jefe de Informática del Departamento Técnico de Investigaciones en La Habana.
Aunque Estados Unidos parece ser el destino más deseable para los esbirros, lo cierto es que en otras naciones, como Rusia (de los pocos países que no exigen visa a los cubanos), ha habido reportes de colaboradores del régimen que huyen del desastre económico. Mario Alberto Céspedes Pérez es uno de ellos, que pasó de delatar a disidentes en Cuba a ser golpeado y cazado con perros por policías bielorrusos cuando trataba de pasar hacia la Unión Europea.
El escritor y periodista Alberto Méndez Castelló, uno de los vigilados por Céspedes Pérez en el poblado de Puerto Padre, Las Tunas, perdona a su represor, pero le incomoda ver a otros como él saliendo, “muy bien establecidos en Estados Unidos, Canadá, España o cualquier país; no luchando por la libertad de Cuba, sino viviendo, sin temor, las libertades de la democracia contra las que ellos mismos lucharon en Cuba”.
“No guardo rencor ni alisto represalias contra ninguno de mis perseguidores porque, dentro de los calabozos, fui un hombre libre ―asegura Méndez Castelló―. Todos los días que pasé en huelga de hambre en los calabozos estuve con el estómago transido, sí, pero estaba con el corazón lleno de libertad, mucho más que mis perseguidores, que hoy son eructos del régimen que los utilizó para luego escupirlos.”
Preguntas inconvenientes
El 27 de septiembre de 2019 el juez Darrin P. Gayles tronó el mazo en una histórica sentencia: seis meses de cárcel, dos años de probatoria y la restitución de 12.522 dólares para Saúl Santos Ferro, entre otros cargos, por no indicar sus lazos con el MININT castrista al completar su solicitud para residir en Estados Unidos.
El Distrito Sur de Florida también ordenó que el exoficial de prisiones en Cuba fuera deportado tras pasar el tiempo y pagar el monto señalado. En la exposición de Santos Ferro ante la justicia confluyeron lo fortuito y la constancia. Alguien reconoció al exmilitar en un mercado, le tomó una foto y la envió a la web Cuba Represor ID, en redes desde 2011, y que expedienta a servidores de la tiranía socialista.
La Unidad de Derechos Humanos Internacionales del FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social confirmaron que Santos Ferro había sido mayor de la policía política “durante décadas” y había estado “involucrado en arrestar y detener a disidentes”.
Mediante la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de entrar legalmente a territorio estadounidense, los cubanos pueden aplicar a la residencia permanente. El formulario I-485 incluye preguntas problemáticas para los esbirros que buscan regularizar su situación migratoria por esa vía, activa desde 1966 para dar refugio a perseguidos. Al menos en cuatro de ellas mentirían los represores:
“¿Ha sido usted miembro o ha estado asociado, de algún modo, con el Partido Comunista? ¿Estuvo usted de algún modo involucrado alguna vez en actividades como genocidio, tortura, la muerte o el intento de matar a alguien, lastimar seriamente o tartar de lastimar a propósito a alguien? ¿Ha perseguido usted alguna vez, directa o indirectamente, a alguna persona por razón de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a algún grupo social en particular u opinión política? ¿Ha sido usted miembro, sirvió o ayudó o de otra manera participó alguna vez en (…) unidades militares, paramilitares, de la policía o grupos parapoliciales?”.
Responder falsamente los ubica ante un delito federal. De otro lado, aunque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y serían juzgados en una Cuba libre, en Estados Unidos los represores solo podrían ir a los tribunales por mentir a las autoridades.
Crescencio Marino Rivero, en Miami desde 2010, fue noticia en 2012 cuando varias víctimas lo acusaron por abusos cometidos cuando era jefe de Prisiones en Villa Clara. Jorge Luis García “Antúnez” recuerda bien sus órdenes: “Mandó a partirme la cabeza en 1991 cuando me ‘planté’ porque no iba a usar ropa de preso común. Y me dijo: ‘Yo soy racista”. En otra ocasión mandó a encerrarlo en una celda con pederastas.
“Él me torturó y aquí, en Estados Unidos, le dieron asilo”, lamentó el opositor, conocido como “el Nelson Mandela cubano”. Tras las denuncias, el Gobierno federal empezó a investigarlo por ocultar su pertenencia al MININT en sus formularios de solicitud. A finales de 2012 Marino Rivero huyó de vuelta a Cuba.
Antúnez hoy está “muy indignado de que todavía entren esbirros confesos por la frontera”. Cuestiona, además, el programa de parole humanitario, que considera de “doble moral, porque les abre la puerta a colaboradores del régimen, mientras el Programa de Refugiados en La Habana sigue detenido”.
Juan O. Tamayo, periodista de Miami Herald, ha reconocido que “cientos de otros cubanos” con pasado de esbirros viven en la ciudad, “incluidos agentes de la Seguridad del Estado, soplones y colaboradores, jueces, policías y miembros de los Comités de Defensa de la Revolución, las vigilancias vecinales”.
Y al parecer, esbirros de otras dictaduras izquierdistas, como los “camaleones” chavistas, buscan lo mismo. Recientemente fue apresado el exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, que hasta 2018 movió 1,2 millones de dólares entre Miami y Panamá en sobornos en la industria petrolera. De acuerdo con el medio Tampa Bay Times, la mayoría de los “camaleones” ingresan al país por vía aérea, legalmente, y una vez que se saben investigados “se entregan a cambio de penas menores”.
Pero los exiliados del chavismo también se han organizado: mediante la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) se detectan a los socialistas que pretenden vivir y hacer negocios en Estados Unidos. Además, la ONG realiza denuncias públicas, ante tribunales o en agencias de seguridad como el FBI. José Antonio Colina, presidente de la organización, señaló que los otrora chavistas ahora “ya no van tanto a Miami, sino a ciudades y estados donde sean menos visibles”, como Utah, Atlanta o Texas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) recordó para este reportaje la existencia de mecanismos como la Ley Magnitsky, que persigue a violadores de derechos humanos a nivel global. La institución ha pedido pública y repetidamente la inclusión de castristas en programas de sanciones individuales. “Pero hasta ahora nadie de la estructura represiva ha sido incluido”, dijo para este reportaje un vocero del OCDH.
“La represión debe tener respuesta de la comunidad internacional, las democracias; de lo contrario faltarían a la obligación de defender los derechos humanos más allá de sus fronteras y estarían normalizándose esas actuaciones”. El OCDH acota que la efectividad está asociada a la voluntad política de los estados, “y ahí entran en juego desde el interés nacional hasta afinidades ideológicas”.
En una reciente comparecencia pública, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que los encuentros en puertos de entrada a Estados Unidos cayeron un 95 por ciento para cubanos, haitianos y nicaragüenses por el, posiblemente inconstitucional, programa de parole humanitario -en vigor desde enero de este año- y con la cual, según fiscales de 20 estados, el Departamento de Seguridad Nacional abusa de su autoridad para conceder permisos humanitarios. Pero la variante tampoco parece efectiva para filtrar represores cubanos.
En Estados Unidos se encuentran al menos 34 esbirros y voceros del régimen cubano, según ha podido compilar esta investigación, a partir de fuentes personales, casos identificados por la FDHC, el ICLEP y la prensa. Los 21 esbirros (militares, represores violentos o de cuello blanco, delatores, entre otros colaboradores) y 14 voceros (troles en redes sociales, comunicadores o funcionarios del sistema mediático estatal), en su mayoría, entraron durante la crisis actual de la frontera sur.
¿Son equivalentes ante la ley torturar al prójimo y reproducir loas a la tiranía en televisión? ¿Apalear y mentir para perpetuar al castrismo? La responsabilidad de cada individuo en la maquinaria represiva de la Isla tiene gradaciones, así como el repudio social o las sentencias en una Cuba futura. Todas esas posturas inmorales, sin embargo, en el presente de Estados Unidos podrían llevar a esbirros y voceros a enfrentar consecuencias legales por mentir sobre su pertenencia al complejo represivo-propagandístico totalitario.
Luis Domínguez, experto de la FDHC, afirma que la presencia de los represores castristas es “un peligro potencial para las víctimas de abusos en Cuba y para la seguridad nacional estadounidense”.
El senador Marco Rubio, por su parte, cree que “la crisis fronteriza bajo el mando del presidente Biden continúa poniendo a los estadounidenses en gran riesgo”. En declaraciones para este reportaje, recordó que están entrando “desde criminales convictos hasta individuos en la lista de vigilancia terrorista del FBI, y ahora violadores de derechos humanos de regímenes sangrientos” como el cubano.
“Nos enfrentamos a una pesadilla migratoria que es insostenible en nuestra frontera sur”, recalcó. “Esta Administración debe rendir cuentas y explicarles a los norteamericanos por qué no defiende las leyes de Estados Unidos”.
En marzo de este año el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, recibió en su oficina en Washington D.C. una carta de senadores de Florida en la que estos se mostraban alarmados por la entrada a Estados Unidos de esbirros, voceros y colaboradores de la tiranía cubana. La senadora estatal Ana María Rodríguez, una de las firmantes, dijo que llevarían su preocupación al Congreso y al secretario de Seguridad Nacional para que no se les otorgara asilo a estas personas.
Las autoridades parecen ir en serio, ¿pero cuánto? ¿Hasta dónde llegarán en la corriente humana de víctimas y victimarios, cómplices y refugiados en la frontera sur?
| *Yoe Suárez, author of the non-fiction books “La otra isla” (Finalist Michael Jacobs Fellowship 2016 and Latino International Book Award 2019), “El soplo del demonio. Violencia y pandillerismo en La Habana” (2018), “Charles en el mosaico” (Casa de las Américas Mention 2017) and “Leviatán. Policía política y terror Socialista en Cuba” (Ilíada Award 2021). His books have been translated into Italian and English. Was a correspondent in Havana for CBN News. He has published in outlets such as The Hill, Newsweek, El Espectador, Univision and El Español. He did narrative and investigative journalism for independent Cuban media for eight years on the island, until his exile in August 2022. He directed documentaries such as the feature film “Cuba Crucis” (2022) and “Normadentro” (Memoria Documental Award of the Muestra Joven ICAIC 2011). He has appeared as a contributor in Deutsche Welle and Mega TV and runs the Boca de Lobo platform since 2018 |
